PLUNA UNA EMPRESA DEFICITARIA UN EMPRESARIO ATREVIDO

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Pluna: una empresa deficitaria, un empresario atrevido

 

 

 

El gobierno no participa ni del control ni de las decisiones de Pluna. Así lo demostró el resultado de la conciliación con Leadgate.

La conciliación fue pedida por el gobierno en setiembre ya que Leadgate había violado el contrato entre las partes al dar de baja la ruta a Madrid.
Sin embargo, el 23 de diciembre, cuando el gobierno presentó los resultados de la conciliación, se anunció que se iba a recapitalizar la empresa con aporte de ambas partes.
El gobierno entró en litigio comercial por una violación de contrato y salió del mismo con la promesa de poner tres millones de dólares para cubrir parte de los 22 millones de dólares que Leadgate perdió en un año.
Un negocio redondo.
Al parecer, el 25% del capital accionario de Pluna que le corresponde al Estado sólo le interesa a la empresa privada a la hora de pedir plata o de usar los beneficios de ser una aerolínea de bandera nacional.
Es natural que así sea: Leadgate es una empresa, tiene el 75% de las acciones y está buscando lucro. Como no acierta en la estrategia comercial se aprovecha de un gobierno sumiso y pagador.
Lo más favorable para Leadgate -y preocupante para los uruguayos-, es que el gobierno no controla sus decisiones.
Carlos Bouzas, presidente de Pluna Ente Autónomo, y, por lo tanto, representante del gobierno en la empresa, ha dicho varias veces que se entera de las decisiones de Leadgate por la prensa.
Mientras transcurría la conciliación -que tenía como centro la ruta a Madrid- Leadgate devolvió el avión que alquilaba para su vuelo a España. Es que los empresarios han ninguneado al gobierno y le demuestran, cada vez que pueden, quién manda.
Además, el gobierno se deja pesetear (perdón, no encuentro otra expresión más adecuada) de forma constante. Leadgate pagó en setiembre una solicitada en toda la prensa. Allí acusó al gobierno de desconocer las reglas de los acuerdos con privados y amenazó con irse de Uruguay. Para cerrar ese comunicado se burló del gobierno: le sugirió que se haga cargo de la ruta a Madrid si es que le parecía rentable.
Fue tal la falta de respeto que el ministro de Transporte, Víctor Rossi, por primera vez, pareció molesto con los empresarios.
Tan evidente fue la agresión que Matías Campiani, gerente de Leadgate, pidió disculpas. Lo hizo en una nota en El País, el 27 de diciembre. Tres meses después de la solicitada, al pasar, y por una pregunta de un periodista, Campiani pidió disculpas por haber atacado al gobierno, a su socio. Demasiado tarde

Es que la noción del tiempo parece que no es el fuerte de Campiani. En la misma nota señaló que la “crisis mundial” afectó a su empresa. Pero Pluna perdió dos millones de dólares por mes desde mediados del 2007, un año antes de la explosión de la crisis.
De cualquier forma ni la crisis internacional ni la de Pluna afectaron a Campiani que no dejó de recibir 13.000 dólares por mes.
Está claro que el negocio de Leadgate con Pluna nació mal. El Tribunal de Cuentas observó todo el proceso, desde la licitación.
Ni Rossi ni el ex ministro de Economía, Danilo Astori fueron claros al explicar por qué eligieron a estos empresarios sin experiencia en el rubro.
Para Rossi, es importante para Uruguay una aerolínea de bandera y el 23 de diciembre volvió a recordar que antes Pluna perdía más dinero por mes.
Puede ser.
Pero no debería ser a cualquier costo que se intenta reflotar la empresa. No al costo de perder plata, respeto y soberanía con un empresario que agrede y hasta parece burlarse de todos.
Campiani aseguró, en la nota citada de El País, que “el 95%” de los pasajeros recomienda a sus amigos viajar con la empresa. En el año en que cayó la ruta a Madrid, en el año en que hubo paros que generaron retrasos de todo tipo, en el mismo 2008 que Pluna redujo los servicios a bordo y comenzó a cobrar por equipaje de mano.
En ese año, Campiani dice que casi el 100% de los que viajaron en Pluna recomendó la empresa a sus amigos.
Sería bueno que el gobierno, que Rossi, que alguien explique por qué los uruguayos tienen que bancar una empresa en déficit y además, soportar a Campiani.

EL BURLADOR BURLADO CUÑADO DE JUAN NAVARRO

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/116651-37145-2008-12-14.html


El burlador burlado



Por Horacio Verbitsky
La detención del general Eduardo Alfonso, dispuesta por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo por la desaparición en 1977 de una mujer embarazada, simboliza el fracaso del último intento por frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde la Secretaría General del Ejército, que ocupó durante los gobiernos fallidos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde y de sus ministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, Alfonso organizó esa contraofensiva contra la justicia e intentó contaminar a las nuevas generaciones castrenses con las emanaciones del agujero negro que, de 1976 a 1983, deshonró la tradición sanmartiniana.
La suya es una línea coherente. En 1995, cuando sólo era un coronel destinado a la Secretaría General, Alfonso pretendió que el hallazgo del cuerpo del soldado Omar Carrasco, asesinado en un cuartel del Ejército, demostraría que no querían matarlo, porque en ese caso “el cadáver no hubiera aparecido jamás”. De allí derivó que los responsables “no eran tan malas personas” (sic). En 1999, le respondió a un juez que no existían ejemplares de los manuales y reglamentos militares de los años del plan Cóndor. En 2000, cuando oficiales y suboficiales retirados se negaron a declarar en los juicios de la verdad de Córdoba y Bahía Blanca y los jueces les impusieron penas de arresto por 48 horas Alfonso viajó a visitarlos, en cumplimiento de un deber de “caridad cristiana”. Pero descubrió el carácter político de su misión al impugnar la utilidad de los juicios de la verdad y admitir que “el Ejército estudia otras alternativas”, una alusión a la Mesa de Diálogo para la que tenía un guiño de complicidad de los legisladores justicialistas Miguel Toma y Mario Cafiero, del arzobispo porteño Jorge Bergoglio y de los restos de la desacreditada conducción montonera.
Alfonso se jactó de “la exitosa Operación Retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera”. Para ello la inteligencia del Ejército falsificó un documento, enviado por fax a Italia, donde el defensor de Olivera era el abogado neofascista Augusto Sinagra, quien antes defendió a Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P2. En 2001, cuando el juez Gabriel Cavallo declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, Alfonso lo invitó al Regimiento de Granaderos. Durante toda la ceremonia, Alfonso cuchicheó con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de entonces, Julio Nazareno y Augusto Belluscio con quienes contaba para revocar aquella decisión. Durante una arenga a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, a quienes exigió que firmaran solicitudes de hábeas data para presentar a los organismos de derechos humanos, Alfonso dijo: “Es hora de sacar el sable y cargar. Llegó la hora de pasar a la ofensiva. Recuperaremos el protagonismo perdido, ya que con la defensiva no se logró nada”. Sin embargo, apenas 663 de los 5000 oficiales en actividad del Ejército firmaron el pedido. López Murphy lo autorizó porque entendía compensar las carencias de equipamiento, salarios y finalidad de las Fuerzas Armadas con lo que llamó “bienes simbólicos”. El CELS dijo que consideraba el pedido de los oficiales, invocando la Constitución y la ley de hábeas data, como “un paso adelante en el respeto de los procedimientos del Estado de Derecho y un involuntario reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Siendo uno de nuestros objetivos institucionales la pedagogía en el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos no podemos menos que estimular este avance, no por tardío menos alentador”. Para facilitar la búsqueda de la información dispersa en miles de causas judiciales, testimonios de víctimas, familiares y testigos, fotografías, recortes periodísticos, libros. videos, casettes, microfilmaciones, diskettes, etc., solicitó a cada uno de los peticionantes su situación de revista y grado entre los años 1974 a 1983 y la función que desempeñaba y dependencia, año por año. Ante la negativa del Ejército a suministrar estos datos elementales, el CELS entregó la información parcial e incompleta que pudo reunir: nueve de los firmantes participaron en delitos atroces y aberrantes, diez en los alzamientos carapintada contra los gobiernos constitucionales, dos estaban vinculados con otros hechos presuntamente ilícitos y nueve cursaron estudios en la Escuela para torturadores de las Américas. La dirección en la que debía entregarse la respuesta era la del abogado Juan Torres Bande, que patrocinó los pedidos. La filmación de un acto del Partido del Nuevo Triunfo muestra a Torres Bande en el estrado, aplaudiendo a rabiar el ingreso de los estandartes con la esvástica trunca que identifica al grupo y cantando con entusiasmo mientras Alejandro Biondini saluda con el brazo el alto. Con la exactitud y presteza de una maniobra militar, los 663 revocaron los poderes luego de que Página/12 publicara la foto de su abogado presidiendo un acto del partido neonazi.
El CELS también aclaró que no entregaba certificados de inocencia y que dada la falta de colaboración del Ejército no era posible descartar la aparición de nuevos elementos de interés sobre los firmantes de los pedidos. Así fue. Bastó que asumiera el ministerio de Defensa Nilda Garré, para que la información de los legajos y de los boletines del Ejército fuera accesible para la secretaría de derechos humanos. El cruce de datos permitió identificar a Alfonso como uno de los participantes del operativo del 12 de enero de 1977 en Villa Adelina, cuando una patota militar sin uniforme secuestró a Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, quien fue vista en el campo clandestino de concentración que funcionó en Campo de Mayo y de la que no volvió a saberse. Ahora al coqueto general, casado en segundas nupcias con una hermana del ex presidente del Citibank, Juan Navarro, le llegó la hora de la verdad y de la justicia.